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Preguntas Frequentes - III Cuerpo Directivo

FAQs - III Cuerpo Directivo

Para ser afiliado se necesita ser mayor de quince años, según lo que establece el artículo 18 del Código de la Niñez y Adolescencia, que debe aplicarse para este caso. De igual forma puede el menor de edad ocupar un cargo como director, no obstante debe considerarse que el puesto que ocupe en la Junta Directiva, no debe ser un cargo de representación, pues aún el menor no cuenta con toda su capacidad jurídica para obligarse en nombre ajeno. De todas formas, lo que la norma pretende es que siempre se vele por el interés superior del menor de edad.

Además, no podrán ser directivos los representantes patronales, entendidos estos como directores de la institución, gerentes, auditores, administradores o apoderados.

La finalidad de esa disposición es que personeros con mucho poder dentro de la organización no tengan oportunidad de influir en las decisiones de asociados y directivos solidaristas, aplicándose lo que al respecto establece el artículo 1º.- de la citada ley, en el sentido de que en las asociaciones “su gobierno y su administración competen exclusivamente a los funcionarios asociados a ellas”.

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1.Si la ausencia del/la presidente/a es definitiva, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 6970, el/la vicepresidente/a asume en propiedad el cargo, debiendo hacerse internamente una reorganización de la junta directiva, lo cual se inscribe en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, necesario esto para las operaciones administrativas y legales de la entidad.

2.Si la ausencia del/la presidente/a es temporal, este/a, mediante escritura ante notario/a público/a, transmite a su sustituto/a el poder que le otorga la Ley o el estatuto orgánico de la asociación, limitándolo al tiempo de la ausencia. Esa acción se inscribe en el Registro Público, cuya certificación  tiene efecto ante terceros.

 

En el artículo 44 de la Ley 6970, se consigna que los directivos son personalmente responsables ante la asamblea y ante terceros por sus actuaciones a nombre de la asociación, salvo quienes estén ausentes, o quienes hayan hecho constar su disconformidad, en el momento mismo de tomar la decisión.

Esa responsabilidad puede tener diferentes connotaciones:

- Administrativa:  Cuando la decisión tomada es a todas luces improcedente y contradice los principios básicos de la buena administración. En este caso, la asamblea general, mediante el debido proceso, podrá destituir al o a los directivos involucrados,  sin perjuicio  de las acciones legales posteriores que correspondan.

- Civil:  Si por  acción u omisión del órgano director se cause daño patrimonial a uno o varios asociados, o a terceras personas. En este caso, los involucrados deben responder por daños materiales y morales, incluso con su patrimonio personal (Artículo 1045 del Código Civil).

- Penal:  Cuando por acción u omisión se comete un daño en forma dolosa, como la administración fraudulenta (artículos 222 y otros del Código Penal).

 

De acuerdo con lo que se estipula en el párrafo segundo del inciso c), artículo 27 de la Ley 6970, perderán su credencial quienes acumulen ausencias injustificadas a dos sesiones seguidas o a tres alternas en los órganos que les corresponda actuar. Para la aplicación de esta disposición, se seguirá el debido proceso, o sea la comunicación escrita al/la afectado/a del acuerdo correspondiente, dándole la oportunidad de descargo.

 

En el artículo 46 de la Ley 6970 se indica que “La junta directiva sesionará legalmente cuando se encuentre por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes…”
Significa lo anterior que la participación del directivo en la toma de decisiones es presencial y, de acuerdo con el artículo 44 de la citada Ley, “…los directores responderán personalmente ante la asamblea general y ante terceros por sus actuaciones a nombre de la asociación…”. En el mismo artículo se exime de esa responsabilidad a quienes “hayan estado ausentes o hayan hecho constar su disconformidad en el momento mismo de tomarse la resolución …”
No hay impedimento legal ni de otra naturaleza para que acuerdos válidamente adoptados por la junta directiva sean modificados posteriormente por ese mismo órgano de decisión, mediante resoluciones también válidamente tomadas, es decir por la mayoría de los presentes, siendo muy conveniente que, expresamente, se indique que la disposición última deja sin efecto la que se está variando.

 

En el artículo 43 de la Ley 6970, se establece que “la representación judicial y extrajudicial de la asociación corresponderá al presidente de la junta directiva…” y que “…En caso de omisión sobre el particular, el presidente ostentará las facultades de apoderado generalísimo de la misma sin límite de suma.”.
Se trata de la facultad del presidente de realizar las acciones y operaciones, que por ley, acuerdos de asamblea general o de junta directiva, deba realizar ante terceros, ya sea instituciòns o instituciones públicas. Es un poder de actuación y representación ante terceros.

 

El acuerdo de separación de su cargo a quien está siendo objeto de una investigación administrativa o judicial es prácticamente imponer a priori una pena al/la afectado/a, lo cual viola el principio de la presunción de inocencia y del debido proceso, enmarcado en el artículo 39 de la Constitución Política. Por lo tanto, un acuerdo de esa naturaleza contiene vicios de nulidad, exponiéndose los responsables a una acusación por parte de los/las investigados/as.

 

Hay que partir del hecho de que a los directivos y fiscales no se les puede reconocer remuneración alguna por el cargo que desempeñan, según lo indica el artículo 54 de la Ley 6970. Además, en el inciso a) del artículo 8 de la misma Ley, se consigna la prohibición de establecer privilegios a los directivos de la asociación.

Sin embargo, no se desprende de la Ley ninguna prohibición concreta en cuanto al pago de gastos de alimentación y transporte en que incurran directivos y fiscales, así como integrantes de comités de apoyo, por su asistencia a reuniones u otras actividades propias de sus respectivos cargos. Tal reconocimiento podría establecerse mediante acuerdos específicos en asambleas generales o dentro del presupuesto anual que elabore la junta directiva.

 

Estrictamente analizado este aspecto, cuando se estén realizando elecciones en una asamblea, quien renuncia al puesto directivo que tiene vigente para optar como candidato a otro cargo, ha dejado vacante el mencionado puesto.
De manera que, si quien renunció no fue electo en el cargo que pretendía, de acuerdo con lo que se indica en el artículo 26 de la Ley 6970, en el sentido de que la asamblea general “expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia”, queda a la decisión de ese órgano colegiado el permitir al directivo de que se trate recuperar el puesto que él tenía o, de lo contrario, habrá que llenar esa vacante mediante un proceso eleccionario.

 

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 6970, los directivos serán elegidos por el período que se haya consignado en el estatuto orgánico de la asociación, el cual no será mayor a dos años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Similares condiciones se establecen en el artículo 51 para los fiscales.

 

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