ASOUNA

Preguntas Frequentes - II Asociado(a)

FAQs - II Asociado(a)

Todos y todas las y los funcionarios(as) universitarios (as) y/o  los(as) funcionarios(as) que laboren para la Universidad Nacional y la FUNDAUNA, en condición interina o en propiedad.

 

Según el artículo 15 de la Ley 6970, “Se considerarán asociados los que suscriban la escritura constitutiva y los que sean admitidos posteriormente de acuerdo con los estatutos…” Con base en el texto transcrito, la persona afiliada adquiere todos sus derechos como tal en el momento en que firme el acta de constitución de la asociación, o cuando la junta directiva adopte el acuerdo de aceptar la afiliación.

 

Debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 6970, el derecho de asociación podrá ser ejercido por todos los funcionarios de la institución.

Además, según el artículo 18, inciso a), de la misma Ley, el porcentaje de ahorro fijado en el estatuto de la asociación se aplica al salario de los solidaristas comunicado por el patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual se complementa con el aporte mensual de la institución referido en el inciso b) de dicho artículo.

En consecuencia, legalmente no es posible que una asociación solidarista tenga como afiliados/as a sus mismos/as empleados/as, por cuanto se trata de personas con una relación laboral distinta a la que tienen los asociados a la organización.

Solo podría lograrse que tales empleados/as disfruten de los beneficios del Solidarismo si el número de los/as mismos/as permite formar otra asociación solidarista dentro de la entidad a la que prestan sus servicios o que, la asociación como patrono permita al personal el disfrute a algunos beneficios de la asociación.

 

De conformidad con el artículo 18, inciso a), de la Ley 6970, la institución entregará a la asociación las deducciones que le haya hecho a los asociados, junto con el aporte patronal, a más tardar tres días hábiles después de haber efectuado dichas deducciones.

La demora en el cumplimiento de ese mandato podría considerarse como retención indebida, penada por la ley. Pero en aras de mantener la buena relación, la asociación y institución pueden llegar a arreglos de pago, que impliquen el reconocimiento de un interés, lo que se constituiría una operación crediticia a cargo de la institución, para lo cual la asociación estaría eventualmente respaldada por la Ley 6970, en su artículo 23.

 

Debe tenerse presente que, conforme se establece en el artículo 9º.- del Reglamento a la Ley No.- 6970, al inscribirse una asociación en el Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de la documentación que se exige está el compromiso de la institución sobre el monto del aporte patronal que acordó con la asociación. En consecuencia, una modificación a ese compromiso debe consensuarse con la asociación y darse la justificación correspondiente ante el Ministerio de Trabajo.

Además, se constituye ese aporte en un derecho adquirido por quienes están dentro de la asociación.

 

Habida cuenta de que el aporte patronal está calificado como adelanto a la cesantía, según el artículo 18, inciso b.-, de la Ley 6970, tal como lo confirma el Ministerio de Trabajo, en el documento DAJ-AE-182-98, ese aporte patronal ha de tener la protección consignada en el artículo 30 del Código de Trabajo, para la cesantía y, por lo tanto, no puede ser “objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargado, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias.”

Asimismo, el artículo 74 de la ley de Asociaciones, declara que los fondos que pertenecen al asociado son inembargables.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 6970, en su inciso b), forma parte de los recursos económicos de la asociación el aporte mensual, porcentaje que será fijado de común acuerdo entre la Universidad Nacional  y la asociación. Concretamente, se señala en ese inciso que “…Este fondo quedará en custodia y administración de la asociación como reserva para prestaciones”, lo cual se reafirma en el inciso a) del artículo 21 de dicha Ley. Además, en el artículo 22 de esa Ley se aclara que “para los efectos legales correspondientes, los aportes o cuotas definitivas de cesantía serán considerados como gastos”, lo que significa que la Universidad  queda liberada de la administración de los recursos económicos así trasladados a la asociación, quedándole como único compromiso el completar lo correspondiente a la cesantía. En los demás casos de ruptura de la relación laboral, la asociación aplicará lo que al respecto establece el mencionado artículo 21.

 

Si la UNA, por variación del contrato laboral con sus trabajadores/as, o por cualquiera otra circunstancia, les liquida la cesantía, ¿debe la asociación dar a esas personas el aporte patronal acumulado a su favor?

Debe tenerse presente que, de acuerdo con los incisos b) al d) del artículo 21 de la Ley 6970, el aporte patronal, junto con los demás derechos económicos en la asociación, se entrega a quien, por cualquier causa, sale de la institución, o sea, que se ha sucedido la ruptura del contrato laboral; en este caso, la persona de que se trate tiene que haber recibido el pago de todos los extremos laborales que conlleva una liquidación: preaviso, cesantía, aguinaldo, vacaciones y cualquier otro pago a que tenga derecho. En consecuencia, si el/la funcionario/a solo ha recibido el pago de cesantía de parte de la institución, no se ha presentado el rompimiento del contrato laboral y, por lo tanto, el aporte patronal continúa en la asociación.

 

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 6970, en sus incisos b) al d), los aportes patronales deben ser entregados a quien sale de la asociación por cualquier causa, aun cuando sean personas sin derecho a prestaciones laborales.

Además, la Sala Constitucional, mediante el voto No.- 1487-2008, establece que no se puede hacer discriminación alguna para el reconocimiento de los derechos económicos de los asociados/as.

 

Según lo establece el artículo - del Reglamento a la Ley No.- 6970, la asociación cuenta con quince días hábiles para la entrega de los derechos económicos del/a asociado/a que se retira de la misma, plazo que corre a partir de la fecha en que se concreta la desafiliación del asociado.

 

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